El 20 de enero de 2025, Elon Musk subió al escenario del Capital One Arena de Washington durante las celebraciones de la investidura de Donald Trump. Dio las gracias al público, se golpeó el pecho y extendió el brazo derecho en diagonal, con la palma hacia abajo. Se giró y repitió el gesto. Después dijo que su corazón estaba con ellos.
Fue un saludo nazi. La intención interior de Musk fue discutida; la forma pública del acto no necesita un electroencefalograma. La grabación completa permite juzgar el movimiento, y la crónica de Associated Press documentó tanto las interpretaciones enfrentadas como la celebración inmediata de neonazis y dirigentes de extrema derecha. Musk respondió con chistes sobre Hitler. No se disculpó ni se apartó de quienes entendieron perfectamente el mensaje.
El gesto sería grave aunque su autor solo poseyese una cuenta de internet. Musk posee X, xAI, una constelación de satélites, una empresa de lanzadores espaciales y una de las mayores fortunas del planeta. Interviene en elecciones, amplifica partidos de extrema derecha y vende tecnología a Estados y ejércitos. Seis meses después, su modelo Grok difundió antisemitismo, elogió a Hitler y se llamó a sí mismo «MechaHitler». Seis días más tarde, el Departamento de Defensa estadounidense anunció para xAI un contrato con un techo de 200 millones de dólares. En diciembre comunicó que Grok entraría en GenAI.mil, una plataforma destinada a unos tres millones de trabajadores militares y civiles, con acceso previsto a información en tiempo real procedente de X.
No es la historia de un chatbot que salió rana. Es una condensación obscena de la época: propiedad privada de la infraestructura comunicativa, poder personal sobre un modelo, propaganda reaccionaria, datos sociales y compra estatal unidos en el mismo capitalista.
La geopolítica de la inteligencia artificial suele contarse como una carrera. Estados Unidos corre por un carril, China por otro y Europa llega tarde con un reglamento debajo del brazo. Se comparan parámetros, patentes, inversiones y resultados de examen. Quien produce el modelo más grande o encabeza una tabla parece haber ganado. Esta representación es falsa. Los países no corren con medios propios sobre una pista neutral. Ocupan posiciones distintas dentro de una división internacional del trabajo que decide quién fabrica, quién paga, quién programa, quién vigila y quién puede apagar el servicio después de haberlo vendido.
La IA es ya uno de los terrenos del nuevo reparto del mundo. No porque un modelo lingüístico sea un territorio, sino porque chips, capital, energía, cables, nubes, datos y fuerza militar forman una misma relación de poder. La pregunta decisiva no es qué país tiene el chatbot más listo. Es quién controla los medios de cálculo, con qué derecho los presta a otros y sobre qué poblaciones aplica sus resultados.
El mapa no es una clasificación de modelos
Lenin definió el imperialismo por la concentración monopolista, la fusión del capital industrial y financiero, la exportación de capital y el reparto del mundo entre asociaciones capitalistas y grandes potencias. No escribió sobre GPU, pero el método sigue siendo bastante más útil que una tabla de benchmarks. En El imperialismo y la escisión del socialismo insistía en que el capital financiero tiende a la dominación, no a la libertad. La exportación de una plataforma de IA confirma la fórmula de una manera casi demasiado literal.
Una instalación de cómputo avanzado tiene por lo menos cuatro capas. La primera reúne aceleradores, memoria, red, electricidad, refrigeración, edificios, financiación y trabajo técnico. La segunda contiene arquitecturas, datos, pesos, licencias, filtros y precios de acceso a los modelos. La tercera aplica esos modelos en nubes, redes sociales, fábricas, fronteras, policías y ejércitos. La cuarta dispone del poder político para autorizar una exportación, inspeccionar a un cliente, cerrar una cuenta, requisar información o suspender un modelo.
Estas capas no coinciden necesariamente dentro de una frontera. Emiratos Árabes Unidos puede poner suelo, capital y electricidad para un centro de datos operado por empresas estadounidenses. Una compañía francesa puede entrenar sobre aceleradores estadounidenses y apoyarse en la nube de Nvidia. Un ministerio europeo puede conservar sus datos en territorio nacional mediante software cuya evolución decide un proveedor extranjero. Un usuario puede descargar pesos chinos y ejecutarlos con CUDA. El edificio está aquí; el mando está repartido.
Por eso «soberanía» es una palabra inútil mientras no se descomponga en facultades concretas. ¿Quién compra el equipo? ¿Quién lo financia y posee? ¿Quién lo repara? ¿Quién decide la cola de trabajos? ¿Qué Estado puede ordenar su interrupción? ¿Qué código, pesos y conocimiento permanecen en el territorio? ¿Puede sustituirse al proveedor sin reconstruirlo todo? ¿Qué trabajadores operan la instalación y qué capacidad tienen para decidir sus fines?
Contar GPU no responde a ninguna de esas preguntas. Tampoco contar empresas con una bandera al lado del logotipo.
Un chip con pasaporte diplomático
El 10 de julio de 2026, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que el Gobierno de Emiratos y determinadas empresas del país podrían recibir sin licencia individual algunos de los chips y servidores de IA más avanzados. El comunicado del Bureau of Industry and Security no presentó la medida como una liberalización del comercio. La vinculó expresamente a la asociación militar entre ambos Estados, a la seguridad contra desvíos y al compromiso emiratí de igualar las inversiones de IA realizadas en su país con inversiones dentro de Estados Unidos.
El privilegio tenía historia. En mayo de 2025, ambos gobiernos habían presentado en Abu Dabi un campus de IA de cinco gigavatios. La primera fase sería de un gigavatio. El acceso quedaría en manos de hiperescaladores estadounidenses y proveedores de nube aprobados, sujetos a procedimientos de conocimiento del cliente. La energía y el capital podían ser emiratíes; la puerta seguiría administrada desde Washington y desde las empresas de su órbita.
Cinco gigavatios no son cinco gigavatios de IA funcionando. Son el tamaño anunciado de un proyecto que tardará años, avanzará por fases y podrá alojar cargas distintas. Confundir potencia proyectada con cómputo instalado es una de las estafas estadísticas favoritas del sector. Lo comprobado es más interesante: para obtener acceso privilegiado a una fuerza productiva escasa, un Estado aliado ofrece inversión recíproca, control de usuarios y alineamiento militar.
La Casa Blanca había formalizado el mecanismo en julio de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14320. El objetivo declarado era exportar «paquetes completos» estadounidenses: hardware, modelos, software, aplicaciones y estándares. No se trata de vender mercancías sueltas. Se exporta una organización técnica y jurídica completa en la que el país receptor puede adquirir capacidad sin adquirir el derecho efectivo a gobernarla.
Estados Unidos utiliza su posición en diseño de chips, software de fabricación, nube y modelos como un régimen de concesiones computacionales. Restringe el acceso de adversarios; selecciona nodos regionales; exige información sobre propietarios, ubicaciones y usuarios; y convierte el mercado exterior en una extensión de su aparato de seguridad. Los controles reforzados sobre semiconductores avanzados y equipos de fabricación destinados a China muestran el reverso del trato emiratí. La misma máquina recibe un pasaporte o una orden de detención según la alianza del comprador.
Esto no convierte cada licencia en una maniobra omnipotente. China sustituye componentes, rediseña modelos, acumula equipos, importa por vías indirectas y desarrolla su industria. Los controles producen retrasos, costes y cambios de arquitectura; no un muro perfecto. Pero un poder no deja de ser poder porque encuentre resistencia. La capacidad de encarecer el desarrollo ajeno y premiar al aliado ya ordena el mercado mundial.
Fable 5: el interruptor del Estado
El 2 de junio de 2026, la Casa Blanca aprobó un procedimiento para que los desarrolladores entregasen voluntariamente sus modelos de frontera al Gobierno hasta treinta días antes de publicarlos. La Orden Ejecutiva 14409 decía expresamente que no creaba una licencia obligatoria ni un sistema de autorización previa.
Diez días después, una directiva de control de exportaciones hizo algo bastante parecido por otra puerta. Anthropic recibió la orden de suspender Fable 5 y Mythos 5 para todas las personas extranjeras, estuvieran donde estuvieran. La empresa explicó que la directiva llegó a las 17:21, sin detallar la amenaza concreta, y que incluía a sus propios trabajadores extranjeros. Como no podía verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, retiró ambos modelos para todo el mundo.
Fable 5 había sido presentado como un modelo especialmente capaz en ciberseguridad. Mythos 5 ampliaba esas capacidades y Project Glasswing conectaba el trabajo de Anthropic con organismos públicos estadounidenses. El problema alegado para el cierre era una técnica de elusión de protecciones que facilitaba encontrar vulnerabilidades. Con los documentos públicos no puede determinarse si el riesgo justificaba la medida exacta ni qué alternativas menos amplias se estudiaron. Sí puede reconstruirse el hecho político: un servicio mundial de una empresa privada desapareció por una orden nacional dirigida contra extranjeros.
El 5 de junio, entre la orden voluntaria y el apagado, la Casa Blanca había publicado el Memorando de Seguridad Nacional 11. El texto pedía incorporar los modelos de frontera más avanzados a funciones de seguridad nacional y establecía que una entidad comercial no debía poder impedir, desactivar o degradar capacidades militares de IA. El Estado no quería depender de la voluntad del proveedor; quería acceso continuo y mando final.
Las restricciones sobre Fable se levantaron a finales de junio. Anthropic anunció su regreso y un acceso más limitado a Mythos. Según las condiciones explicadas públicamente por el secretario de Comercio, la empresa colaboraría en protocolos y estándares, informaría de actividad maliciosa y coordinaría futuras publicaciones. El Gobierno había cerrado el modelo y la reapertura ensanchó su relación con la empresa.
«Secuestro» no es una categoría jurídica. Como descripción política, se aproxima bastante: el aparato estatal retuvo la circulación de una capacidad privada hasta imponer una nueva relación de cooperación. No prueba que cada modelo estadounidense esté sometido a autorización secreta. Prueba algo más acotado y suficiente: el Estado encontró el interruptor, lo accionó a escala mundial y obtuvo concesiones antes de volver a encenderlo.
La nacionalidad se convirtió así en un filtro de acceso al conocimiento informático. Un investigador francés contratado por Anthropic podía perder una herramienta que un ciudadano estadounidense conservaba. La distinción no seguía el lugar de trabajo, el contrato, la conducta ni la finalidad. Seguía el pasaporte. La inteligencia artificial aparece aquí como una fuerza productiva privatizada y, a la vez, como munición administrada por el Estado imperial.
China abarata la frontera
La política estadounidense partía de una ventaja real: entrenar modelos de frontera parecía exigir una cantidad creciente de aceleradores que solo un pequeño grupo de empresas podía comprar. Si el acceso al chip se controlaba, también se controlaría la frontera. Los laboratorios chinos han debilitado esa identidad entre capacidad y gasto ilimitado.
DeepSeek-V3 declaró 671.000 millones de parámetros totales, 37.000 millones activos por token y 2,788 millones de horas de GPU H800 para su entrenamiento completo. La cifra no es el coste de crear DeepSeek. Excluye salarios, datos, infraestructura, investigación previa y experimentos fallidos. Convertirla en el famoso titular de «un modelo por cinco millones de dólares» fue contabilidad creativa de internet. Pero el informe sí demostró que una arquitectura de mezcla de expertos, una ingeniería cuidadosa y restricciones materiales podían reducir el cómputo de una ejecución de entrenamiento.
En abril de 2026, DeepSeek publicó V4 y documentó su evolución en una página de transparencia. Alibaba abrió Qwen3.5-397B-A17B, un modelo multimodal que activa 17.000 millones de parámetros y anuncia soporte para 201 lenguas y dialectos. La familia Qwen no es una curiosidad académica: forma un catálogo de tamaños, pesos y servicios sobre el que otras empresas pueden construir.
Los precios hacen visible el cambio, aunque deben leerse con cuidado. El 13 de julio de 2026, el catálogo internacional de Alibaba Cloud ofrecía DeepSeek V4 Flash por 0,20 dólares el millón de tokens de entrada y 0,40 el de salida. Qwen3.5-397B-A17B aparecía a 0,60 y 3,60 dólares. Son tarifas de una región, un proveedor y un día; pueden estar subvencionadas, cambiar por volumen y decir poco sobre la calidad de una tarea. No son costes de producción. Sí son precios a los que una empresa puede comprar capacidad real.
La competencia china comprime los márgenes, fuerza arquitecturas eficientes y difunde pesos que permiten ejecutar modelos fuera de la API original. Es una derrota concreta para la pretensión estadounidense de identificar «seguridad» con concentración en cuatro laboratorios nacionales. También plantea un problema a Europa: un desarrollador puede obtener un modelo chino competente y barato antes de que una gigafábrica europea haya colocado el primer rack.
Nada de esto convierte la industria china en socialismo computacional. Alibaba, DeepSeek, Moonshot y MiniMax compiten, emplean trabajo asalariado y sirven a una estrategia estatal de acumulación y poder. La normativa china de 2023 exige a los servicios generativos respetar los «valores socialistas fundamentales» y prohíbe contenidos considerados contrarios al poder estatal; puede leerse en la Administración del Ciberespacio de China. Un estudio de PNAS Nexus encontró más rechazos ante determinadas preguntas políticas en modelos originados en China, aunque su diseño observacional no permite atribuir cada respuesta a una orden estatal concreta. Un trabajo publicado en Nature midió además la influencia de narrativas de medios estatales sobre modelos y respuestas.
Hay que sostener dos hechos a la vez. China produce modelos genuinamente competitivos, baratos y a menudo más abiertos que los estadounidenses. El Estado y las empresas chinas no están bajo control de su clase obrera. Negar lo primero sirve a la propaganda de Washington. Borrar lo segundo sirve al nacionalismo de Pekín. Un análisis comunista no tiene por qué elegir entre dos departamentos de relaciones públicas.
Pesos abiertos no es poder obrero
La expansión de modelos ejecutables en un ordenador local altera la relación con el proveedor. llama.cpp permite inferencia sobre CPU y GPU, cuantización y reparto de capas entre memoria principal y acelerador. DeepSeek publicó destilaciones de R1 desde 1.500 hasta 70.000 millones de parámetros. Qwen ofrece modelos de 8.000 millones que caben, cuantizados, en equipos de consumo razonables. La barrera que hace pocos años separaba un chatbot competente de un ordenador doméstico se ha reducido mucho.
La diferencia práctica es importante. Un sindicato puede analizar documentos sin enviarlos a Microsoft. Un hospital puede mantener ciertos datos dentro de su red. Un investigador puede conservar una versión concreta aunque el proveedor cambie la API. Un colectivo puede modificar el ajuste, medir censura y trabajar sin que cada consulta produzca una factura o un registro remoto. La ejecución local concede una capacidad de salida que el caso Fable 5 demuestra valiosa.
Pero «local» describe dónde se ejecuta una copia, no quién controla la cadena. El modelo puede haberse entrenado con datos opacos, ejecutarse mediante CUDA sobre una GPU de Nvidia y depender de bibliotecas mantenidas fuera de la organización. Los pesos permiten inspección parcial; no reconstruyen los datos ni el proceso de entrenamiento. La Open Source AI Definition exige, además de pesos y código, información suficientemente detallada sobre los datos para estudiar y modificar el sistema. Por eso «pesos abiertos» es normalmente una expresión más exacta que «código abierto».
Un modelo pequeño tampoco reemplaza toda la capacidad de frontera. Puede resumir actas y extraer datos; quizá no resuelva una investigación científica compleja, una gran simulación o una tarea de ciberseguridad avanzada. La descentralización de la inferencia reduce el poder del API, pero el entrenamiento, la fabricación del hardware y los servicios de mayor escala siguen concentrados.
La respuesta comunista no consiste en convertir cada casa en un centro de datos autosuficiente. Consiste en combinar herramientas locales, capacidad pública compartida y derecho efectivo a migrar. Los modelos locales son una táctica contra la dependencia. La estrategia exige propiedad social sobre los medios que ninguna persona ni organización pequeña puede reproducir.
Europa paga para seguir alquilando
«Europa no tiene IA» es una provocación útil y una afirmación falsa si se toma al pie de la letra. Hay investigación pública, supercomputadores, modelos especializados y empresas capaces. Mistral publicó en marzo de 2026 Small 4, un modelo de 119.000 millones de parámetros totales y 6.000 millones activos. Sus requisitos de instalación —cuatro sistemas HGX H100, dos H200 o un DGX B200— son modestos solo dentro del extraño mundo de los modelos de frontera, pero permiten una operación institucional propia.
La dependencia aparece al mirar la escala y la propiedad. El AI Index 2026 de Stanford estimó 285.900 millones de dólares de inversión privada estadounidense en IA durante 2025, frente a 12.400 millones en China. Francia registró 4.360 millones y Alemania 3.890. Más del 90 % de los modelos destacados procedía ya de la industria y la producción de sistemas de frontera seguía concentrada en Estados Unidos y China. El mismo informe contaba 5.427 centros de datos en Estados Unidos.
La Comisión Europea reconoce un «déficit crítico» de infraestructura a gran escala. Su plan AI Continent anuncia 200.000 millones de euros, incluidos 20.000 millones para hasta cinco gigafábricas. La convocatoria de gigafábricas prevé iniciativas dirigidas por el sector privado. Dinero y garantías públicas financiarán instalaciones cuyo control y excedente pueden permanecer privados.
El problema no es solo gastar poco. Europa compra aceleradores estadounidenses, depende de herramientas estadounidenses y organiza buena parte de su nube alrededor de hiperescaladores estadounidenses. Mistral presenta una alternativa europea mientras mantiene una asociación estratégica con Nvidia para entrenamiento, infraestructura y distribución. La colaboración puede ser técnicamente racional. También demuestra que la bandera de la empresa no equivale a autonomía de la cadena.
La Unión regula determinados daños civiles y al mismo tiempo extiende la IA en fronteras, policía y defensa. El AI Act clasifica algunos sistemas de migración, asilo y control fronterizo como de alto riesgo; no los prohíbe. EUROSUR integra información de vigilancia para controlar fronteras exteriores. La versión europea de la soberanía puede consistir en conservar datos dentro de Europa para clasificarlos con hardware importado y entregarlos a una policía europea. Eso cambia la jurisdicción. No emancipa a la persona vigilada.
Una política socialista empezaría por una pregunta vulgar: si la sociedad paga la fábrica, ¿por qué no es suya? La financiación pública debería producir propiedad pública, acceso asignado por necesidades verificables, obligaciones de portabilidad, publicación de mejoras y equipos técnicos permanentes. Cambiar al campeón estadounidense por un campeón europeo subvencionado conserva la relación social y modifica el domicilio fiscal.
Palantir: el Estado aprende a ver
Los modelos generativos ocupan los titulares porque hablan. Palantir importa porque une registros y convierte la información dispersa en objetos sobre los que una institución puede actuar. Su producto no es una bola de cristal. Es una capa que integra bases de datos, define entidades y relaciones, controla accesos y entrega a analistas, policías o mandos una representación operativa del mundo.
En 2025, Palantir ingresó 4.500 millones de dólares. El informe 10-K atribuye el 54 % al Gobierno y el 46 % a clientes comerciales; los ingresos públicos crecieron un 53 %. La separación entre empresa de software y aparato estatal se vuelve bastante teórica cuando más de la mitad de las ventas procede de administraciones y ejércitos.
En Estados Unidos, Immigration and Customs Enforcement utiliza tecnología de Palantir desde hace años. La adjudicación de ImmigrationOS justificó a Palantir como único proveedor capaz de ampliar el sistema existente. El contrato, valorado inicialmente en unos 30 millones de dólares, debía dar a ICE visibilidad casi en tiempo real sobre casos de «autodeportación», personas que excedieron su visado y operaciones de expulsión, según la documentación examinada por Wired. El encierro técnico se convierte aquí en continuidad coercitiva: el organismo compra más al proveedor porque su historial, flujos y procedimientos ya viven dentro de su producto.
En mayo de 2025, el Pentágono añadió 795 millones de dólares al contrato de Maven, el sistema de datos e inteligencia artificial para análisis militar. En julio, el Ejército consolidó 75 contratos en un acuerdo empresarial con un techo de 10.000 millones durante diez años. El techo no es gasto comprometido; confundir ambos inflaría la relación. Lo que muestra es la escala de compra autorizada y la voluntad de convertir una colección de proyectos en infraestructura común.
La OTAN adquirió en 2025 una versión de Maven en un proceso de seis meses. Su agencia de comunicaciones la describe como un sistema para fusionar inteligencia, apoyar la selección de objetivos, mejorar la conciencia del campo de batalla y acelerar decisiones. «Acelerar» parece una cualidad neutral hasta que la decisión es identificar un objetivo y atacarlo.
Palantir también reconoció una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa israelí para apoyar el esfuerzo bélico tras el 7 de octubre de 2023, primero en su informe empresarial de aquel trimestre y después en el 10-K. La compañía niega que proporcione predicción policial o selección automática de objetivos en Gaza. La relatora especial de Naciones Unidas incluyó a Palantir en su informe sobre empresas vinculadas a la ocupación y afirmó que había razones para creer que su tecnología apoyaba software militar y la integración de datos en tiempo real. Con la información pública no se puede atribuir a Palantir cada ataque ni afirmar que un algoritmo suyo elija autónomamente a quién matar. Sí puede afirmarse que vendió integración de datos a un ejército que ejecutaba una destrucción masiva y que presentó esa relación como cooperación estratégica.
La función política de Palantir no depende de que su IA sea mágica. Al contrario: funciona porque hace ordinaria la vigilancia. Une una matrícula, un domicilio, un cruce fronterizo, una llamada, un expediente y una inferencia en la misma pantalla; conserva permisos y auditoría; distribuye tareas; y convierte una decisión administrativa en flujo de trabajo. El Estado ve a través de categorías fabricadas por trabajadores y proveedores. Quien define la ontología decide qué existe para la máquina: persona, amenaza, migrante, objetivo, relación.
De la frontera al puesto de trabajo
Palantir es una forma concentrada de una tendencia más amplia. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense mantenía decenas de usos de IA en fronteras, policía e inmigración. Una auditoría de su inspector general encontró 66 usos excluidos del inventario público sin justificación formal, entre ellos reconocimiento facial, análisis de correos y resolución de entidades. La Government Accountability Office identificó más de veinte tecnologías de detección y vigilancia empleadas por DHS, con lagunas en evaluación de privacidad y sesgo.
La vigilancia no empieza con una cámara y termina con una puntuación. Tiene una cadena: captura, identificación, enlace, clasificación, decisión e intervención. Una matrícula se registra; una base la asocia a un vehículo; otro sistema la relaciona con una persona; un modelo asigna riesgo; un agente recibe una alerta; una patrulla detiene. Analizar solo el modelo borra casi todo el poder. La decisión puede seguir formalmente en manos humanas y estar materialmente condicionada por qué aparece en la pantalla, qué alternativas oculta y cuánto tiempo concede.
La misma arquitectura entra en la fábrica y la oficina. Sensores, registros de productividad, cámaras, correo, ubicación y evaluación de desempeño alimentan sistemas que distribuyen turnos, detectan «anomalías» y seleccionan despidos. No hace falta una inteligencia general. Basta integrar datos, reducir una vida laboral a variables y otorgar al empresario una asimetría de observación que el trabajador no puede devolver.
Marx explicó en Trabajo asalariado y capital que la competencia obliga a aplicar maquinaria en una escala creciente y vuelve contra el capitalista las armas que forja contra sus rivales. La IA no suspende esa compulsión. Una empresa adopta vigilancia algorítmica para extraer más trabajo y reducir incertidumbre; las demás deben responder o aceptar un coste mayor. La técnica que podría aliviar tareas se presenta al trabajador como ritmo, puntuación y amenaza.
Por eso el debate sobre «privacidad» es necesario e insuficiente. Una persona puede consentir la recogida de datos y seguir sometida al poder de quien posee el empleo, la frontera o la plataforma. El consentimiento no iguala las fuerzas. La cuestión es quién tiene derecho a observar, para qué fines y con qué capacidad del observado para impedir la operación.
Grok y la formación de un capital fascista
En mayo de 2025, Grok empezó a introducir la conspiración del «genocidio blanco» en Sudáfrica en respuestas que no tenían relación con el país. xAI atribuyó el comportamiento a una modificación no autorizada del prompt. Musk llevaba años difundiendo esa misma narrativa; Associated Press documentó la falsedad de sus afirmaciones sobre una persecución racial sistemática y su uso político por la Administración Trump.
En julio, después de que las instrucciones públicas pidiesen al modelo no evitar afirmaciones «políticamente incorrectas» cuando pareciesen fundamentadas, Grok difundió tropos antisemitas, elogió a Hitler y adoptó el nombre «MechaHitler». Un análisis de Associated Press mostró además que una versión posterior buscaba las posiciones de Musk al responder ciertas preguntas controvertidas. El problema no era una mente electrónica que se había vuelto nazi. Eran seres humanos modificando instrucciones, selección de datos y herramientas alrededor de un propietario con una política reconocible.
El 14 de julio de 2025, el Chief Digital and Artificial Intelligence Office anunció contratos con Anthropic, Google, OpenAI y xAI, cada uno con un techo de 200 millones de dólares. La contratación seis días después de MechaHitler no prueba que el Pentágono aprobase las respuestas. Prueba que no las consideró impedimento suficiente para retirar a xAI de su programa.
En diciembre, el Departamento de Defensa anunció la incorporación de Grok a GenAI.mil, con capacidad para tratar información no clasificada controlada y aportar «información global en tiempo real» desde X. La plataforma social del propietario se convierte en sensor; el modelo de su empresa, en intérprete; el ejército, en cliente. El circuito económico recompensa el control simultáneo de mensaje, datos y cálculo.
Musk no actúa solo dentro de Estados Unidos. Un estudio de AP sobre más de 20.000 publicaciones mostró cómo promocionó figuras y partidos de extrema derecha en varios países europeos, ampliando su alcance desde la cuenta más seguida de X y mediante el diseño de la plataforma que controla. Apoyó públicamente a Alternativa para Alemania e intervino en la política británica. Su poder comunicativo no procede de haber convencido a millones en una plaza. Procede de poseer la plaza, el altavoz, el algoritmo de distribución y los datos de la audiencia.
Llamar fascista a Musk no puede significar que nos cae mal ni que publica barbaridades. El fascismo es una forma política de la dominación burguesa que destruye la organización independiente de la clase obrera, naturaliza la jerarquía nacional y racial, concentra mando y moviliza a sectores sociales detrás de una salida autoritaria a la crisis. Brecht advertía que combatir la barbarie sin relacionarla con las relaciones de propiedad deja intacta su causa. Aquí la relación es visible: un capitalista utiliza propiedad monopolista para elevar a la extrema derecha, ejecuta públicamente un saludo nazi y recibe contratos para insertar su máquina ideológica en el aparato militar.
No existe todavía un «Estado de Grok». Existe algo más prosaico y peligroso: una fracción del capital tecnológico que abandona cualquier pudor liberal, se integra en el bloque trumpista y ofrece infraestructura decisiva a un Estado que persigue migrantes, militariza la competencia mundial y ataca la organización obrera. El saludo no sustituye el análisis. Lo resume.
No todos los Estados vigilan igual; todos expresan una relación de clase
La vigilancia china, la estadounidense y la europea no son idénticas. Tienen leyes, instituciones, empresas y grados de publicidad distintos. La censura directa de un servicio chino no equivale a la personalización comercial de una red estadounidense; el control de una frontera europea no equivale a un sistema militar de selección de objetivos. Fabricar una equivalencia plana impediría estudiar el mecanismo concreto.
Tampoco sirve reservar «censura» para China y llamar «seguridad» a cada restricción estadounidense. Fable 5 fue retirado por nacionalidad. Grok entra en una red militar junto con datos de una plataforma privada. ICE integra expedientes para acelerar expulsiones. La Unión Europea clasifica migrantes mediante sistemas que considera de alto riesgo, pero admite. Son formas diferentes de administración política de información y capacidad.
El punto común no es moral. Es de clase. Ninguno de estos sistemas entrega el mando a quienes producen los datos, operan las infraestructuras o sufren las decisiones. La empresa estadounidense invoca propiedad; el Estado chino, desarrollo y estabilidad; la Comisión Europea, seguridad y derechos; todos conservan arriba la facultad de definir fines y abajo la obligación de ser legible para la máquina.
La propiedad estatal, por sí sola, no resuelve el problema. Puede coordinar inversión, evitar la extracción de renta por un proveedor extranjero y conservar conocimiento. También puede organizar vigilancia, explotación laboral y competencia militar con más eficacia. Una empresa pública bajo un Estado capitalista sigue insertada en relaciones de clase capitalistas. La pregunta no es si el logotipo lleva un escudo. Es qué clase manda, mediante qué instituciones y con qué capacidad de revocación desde abajo.
Los países que deben comprar un sitio
Entre Estados Unidos y China no hay un vacío. Hay Estados que intentan adquirir una posición mediante capital, mercado, energía o coordinación pública.
Emiratos ofrece dinero, electricidad y alineamiento militar para convertirse en nodo autorizado del stack estadounidense. India agrega demanda mediante IndiaAI Compute, selecciona proveedores y subvenciona precios para empresas, academia y administraciones. Esa política amplía acceso sin convertir necesariamente los centros de datos en propiedad pública. Brasil ha anunciado en su Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 23.000 millones de reales, supercomputación y modelos en portugués. La Unión Africana aprobó una estrategia continental desde una base material muchísimo menor.
No forman una escalera desde el atraso hasta Estados Unidos. Son estrategias diferentes para negociar una estructura mundial que no controlan. Un país puede abaratar horas de GPU y seguir importando las máquinas; entrenar un modelo en su lengua y depender de una nube extranjera; construir un centro de datos y entregar su operación; o usar compra pública para formar técnicos y conservar conocimiento.
La diferencia debe medirse en derechos efectivos, no en anuncios. Propiedad del equipo. Control de la energía. Capacidad de mantenimiento. Acceso de universidades y servicios públicos. Derechos sobre los modelos financiados. Posibilidad de expropiar o sustituir al operador. Poder de los trabajadores. Finalidad social del cálculo.
El informe de tecnología de 2025 de UNCTAD advierte que el desarrollo de IA está concentrado en pocas economías y empresas, mientras una parte del mundo carece de infraestructura, datos y cualificación suficiente para beneficiarse en términos propios. La brecha no es una espera temporal hasta que baje el precio. Es una relación que reproduce dependencia: exportación de minerales, energía y datos; importación de sistemas, deuda y condiciones.
El internacionalismo no consiste en pedir que cada burguesía nacional consiga su propio campeón. La cadena de un acelerador atraviesa países, minas, fábricas, puertos, software y ciencia acumulada. Ningún Estado puede nacionalizarla entera. La alternativa necesita cooperación entre clases trabajadoras e instituciones bajo su control, no una guerra comercial con banderas rojas pegadas a empresas privadas.
Un programa comunista para la inteligencia artificial
La respuesta liberal propone competencia, regulación y formación. La nacionalista propone soberanía, normalmente entendida como subvencionar a una empresa con sede adecuada. La libertaria propone descargar un modelo y esperar que la propiedad de veinte gigabytes de pesos derrote a Amazon, Nvidia y el Pentágono. Ninguna alcanza la escala del problema.
Un programa comunista debe partir de que la capacidad de cálculo avanzada es un medio de producción. La infraestructura decisiva —energía, centros de datos, redes, nubes públicas, grandes modelos financiados colectivamente— debe pasar a propiedad social. No basta una nacionalización administrativa. Trabajadores técnicos, usuarios de servicios públicos, sindicatos y organizaciones sociales necesitan poder real sobre presupuestos, prioridades, auditoría y revocación de mandos.
La asignación no puede quedar al precio. Una cola pública de cómputo debe distinguir necesidades: investigación médica, predicción energética, traducción, accesibilidad, planificación industrial, arte, publicidad, especulación y armas no merecen la misma prioridad. Las decisiones tendrán conflicto. Precisamente por eso deben ser políticas y democráticas, no el resultado opaco de quién puede pagar más por hora.
Los modelos financiados con recursos públicos deben entregar pesos, código, documentación y datos de entrenamiento en la medida compatible con la privacidad y los derechos de terceros. Cuando los datos no puedan publicarse, deben existir órganos independientes con acceso para auditarlos. La portabilidad entre arquitecturas debe financiarse como infraestructura, igual que el mantenimiento de bibliotecas y compiladores libres. Una sociedad que no puede abandonar a su proveedor no posee su sistema.
Hay usos que no deben optimizarse. La vigilancia biométrica masiva, la publicidad conductual, la puntuación de trabajadores, la predicción policial y la selección automatizada de objetivos militares deben prohibirse. No porque el modelo cometa demasiados errores, sino porque ninguna precisión vuelve legítima la relación de poder que ejecutan. Una máquina perfecta para perseguir migrantes seguiría siendo una máquina para perseguir migrantes.
La reducción del tiempo de trabajo debe ser un objetivo explícito. Cada implantación en una empresa socializada tendría que declarar qué tareas elimina, cuántas horas ahorra y cómo se reparte ese ahorro. Sin esa regla, la productividad se convierte de nuevo en despidos para unos e intensificación para otros. La técnica no trae abundancia por su cuenta; la propiedad decide quién recibe el tiempo liberado.
La infraestructura debe federarse internacionalmente. Centros públicos de distintos países pueden compartir capacidad, modelos, mantenimiento y resultados mediante reglas que impidan el bloqueo unilateral. Los países con más medios tienen una obligación de transferencia tecnológica sin deuda ni condicionalidad militar. Los recursos minerales y energéticos de los países subordinados no pueden tratarse como combustible barato para nubes del Norte. La planificación ecológica debe incluir fabricación, agua, electricidad, vida útil y reutilización del equipo.
Todo esto requiere Estado, pero no culto al Estado existente. Requiere conquistar poder, transformar sus instituciones y construir órganos de control obrero capaces de intervenir sobre decisiones técnicas. La política no se reduce a optimizar una función de bienestar. Habrá intereses incompatibles, sabotaje empresarial, sanciones y lucha internacional. La planificación socialista no elimina el conflicto; cambia qué clase puede decidirlo.
La máquina y su dueño
En 1916, el reparto imperialista organizaba territorios, materias primas, crédito y mercados. En 2026 incluye también el derecho a entrenar una representación estadística del mundo y aplicarla sobre millones de personas. El chip viaja con licencia. El modelo conserva la nacionalidad de la empresa. La nube identifica al usuario. El ejército exige un interruptor que el proveedor no pueda controlar. La frontera devuelve una alerta. El empresario recibe una puntuación.
China ha demostrado que la frontera técnica puede abaratarse y que el monopolio estadounidense no es invencible. Los modelos locales demuestran que una parte de la capacidad puede escapar de la API. Europa demuestra que regulación y dinero público no crean soberanía cuando propiedad, hardware y operación continúan subordinados. Palantir demuestra que el poder no necesita una inteligencia artificial general: le basta con integrar datos y convertirlos en mando. Musk demuestra que la concentración tecnológica puede adoptar abiertamente una política fascista sin perder contratos estatales.
No hay que elegir entre el imperio estadounidense y el capital chino, entre el campeón europeo y la nube extranjera, entre la vigilancia privada y la pública. La clase obrera no posee ninguno de esos bloques. Produce sus chips, levanta sus centros de datos, modera sus plataformas, etiqueta sus datos, escribe su software, alimenta sus redes eléctricas y aparece después como objeto calculable dentro de la máquina.
El comunismo no ofrece una tecnología moralmente pura. Ofrece otra relación social para gobernar fuerzas productivas que ya son colectivas y mundiales. Socializar la IA significa arrancar el cómputo, los modelos y los datos del mando del capital; poner límites a lo que ninguna mayoría debería hacerle a una minoría; y utilizar el conocimiento acumulado para reducir trabajo necesario y ampliar capacidad humana.
Musk extendió el brazo ante quienes celebraban la llegada de Trump al poder. Meses después, su modelo entraba en la infraestructura militar. No fueron dos noticias inconexas. Entre el gesto y el contrato está la propiedad.
Fuentes, cifras y límites
Este artículo utiliza documentos públicos consultados hasta el 13 de julio de 2026. Las cifras de inversión internacional proceden del AI Index 2026; sus categorías de «inversión privada» y «modelo destacado» no equivalen a gasto público total ni a capacidad instalada. Los precios de modelos chinos son una captura fechada del catálogo de Alibaba Cloud, no costes de producción. Las horas de GPU de DeepSeek-V3 corresponden a la ejecución de entrenamiento declarada en su informe técnico, no a todo el coste de investigación.
Los importes de contratación distinguen gasto o modificación adjudicada de techo contractual. El contrato de xAI y los acuerdos del Ejército con Palantir autorizan máximos; no demuestran que todo ese dinero se haya ejecutado. Las descripciones de Fable 5 combinan órdenes de la Casa Blanca, declaraciones de Anthropic y cobertura periodística porque el texto completo de la directiva de exportación no es público. Donde no puede conocerse la motivación o el funcionamiento exacto, se dice.
Las afirmaciones sobre Musk se apoyan en la grabación de su gesto, sus publicaciones y análisis documentales de AP. Nombrar el gesto como saludo nazi es un juicio sobre una conducta observable, no una afirmación de acceso a su intención privada. La caracterización política se basa en la relación entre propiedad, apoyo organizado a la extrema derecha, conspiraciones raciales y contratación estatal; no en un fallo aislado de Grok.
Sobre Palantir se han priorizado contratos, cuentas ante la SEC, documentos de ICE, el Pentágono y la OTAN. La participación exacta de su tecnología en operaciones israelíes no es pública y la empresa disputa las acusaciones más amplias. El artículo no atribuye automáticamente una decisión letal a un producto concreto. Sí registra la asociación reconocida por la propia compañía y la finalidad militar declarada por sus clientes.
No se ha construido una clasificación única de «soberanía de IA» porque sumaría magnitudes incomparables y ocultaría facultades distintas. El método utilizado separa compra, financiación, propiedad, operación, acceso, jurisdicción, conocimiento, salida, trabajo y finalidad. Es más incómodo que una puntuación. También se parece más al poder real.