El 20 de enero de 2025, Elon Musk subió al escenario del Capital One Arena de Washington durante las celebraciones de la investidura de Donald Trump. Dio las gracias al público, se golpeó el pecho y extendió el brazo derecho en diagonal, con la palma hacia abajo. Se giró y repitió el gesto. Después dijo que su corazón estaba con ellos.
Fue un saludo nazi. Puede discutirse la intención subjetiva de Musk; la forma pública del acto no necesita un electroencefalograma. La grabación completa permite juzgar el movimiento, y la crónica de Associated Press documentó tanto las interpretaciones enfrentadas como la celebración inmediata de neonazis y dirigentes de extrema derecha. Musk respondió con chistes sobre Hitler. No se disculpó ni se apartó de quienes entendieron perfectamente el mensaje.
El gesto sería grave aunque su autor solo poseyese una cuenta de internet. Musk posee X, xAI, una constelación de satélites, una empresa de lanzadores espaciales y una de las mayores fortunas del planeta. Interviene en elecciones, amplifica partidos de extrema derecha y vende tecnología a Estados y ejércitos. Seis meses después, su modelo Grok difundió antisemitismo, elogió a Hitler y se llamó a sí mismo «MechaHitler». Seis días más tarde, el Departamento de Defensa estadounidense anunció para xAI un contrato con un techo de 200 millones de dólares. En diciembre comunicó que Grok entraría en GenAI.mil, una plataforma destinada a unos tres millones de trabajadores militares y civiles, con acceso previsto a información en tiempo real procedente de X.
El episodio condensa la época: un mismo capitalista une propiedad privada de la infraestructura comunicativa, poder personal sobre un modelo, propaganda reaccionaria, datos sociales y compra estatal.
La geopolítica de la inteligencia artificial suele contarse como una carrera. Estados Unidos corre por un carril, China por otro y Europa llega tarde con un reglamento debajo del brazo. Se comparan parámetros, patentes, inversiones y resultados de examen. Quien produce el modelo más grande o encabeza una tabla parece haber ganado. La metáfora oculta que los países ocupan posiciones distintas dentro de una división internacional del trabajo que decide quién fabrica, quién paga, quién programa, quién vigila y quién puede apagar el servicio después de haberlo vendido.
La IA es ya uno de los terrenos del nuevo reparto del mundo porque chips, capital, energía, cables, nubes, datos y fuerza militar forman una misma relación de poder. Lo decisivo es quién controla los medios de cálculo, con qué derecho los presta a otros y sobre qué poblaciones aplica sus resultados.
Más allá de la clasificación de modelos
Lenin definió el imperialismo por la concentración monopolista, la fusión del capital industrial y financiero, la exportación de capital y el reparto del mundo entre asociaciones capitalistas y grandes potencias. Su método resulta más útil para estudiar las GPU que una tabla de benchmarks. En El imperialismo y la escisión del socialismo insistía en que el capital financiero tiende a la dominación, no a la libertad. La exportación de una plataforma de IA da a esa fórmula una expresión técnica contemporánea.
Una instalación de cómputo avanzado puede descomponerse en al menos cuatro capas. La primera reúne aceleradores, memoria, red, electricidad, refrigeración, edificios, financiación y trabajo técnico. La segunda contiene arquitecturas, datos, pesos, licencias, filtros y precios de acceso a los modelos. La tercera aplica esos modelos en nubes, redes sociales, fábricas, fronteras, policías y ejércitos. La cuarta dispone del poder político para autorizar una exportación, inspeccionar a un cliente, cerrar una cuenta, requisar información o suspender un modelo.
Estas capas no coinciden necesariamente dentro de una frontera. Emiratos Árabes Unidos puede poner suelo, capital y electricidad para un centro de datos operado por empresas estadounidenses. Una compañía francesa puede entrenar sobre aceleradores estadounidenses y apoyarse en la nube de Nvidia. Un ministerio europeo puede conservar sus datos en territorio nacional mediante software cuya evolución decide un proveedor extranjero. Un usuario puede descargar pesos chinos y ejecutarlos con CUDA. El edificio está aquí; el mando está repartido.
«Soberanía» solo resulta útil cuando se descompone en facultades concretas: quién compra, financia, posee y repara el equipo; quién decide la cola de trabajos; qué Estado puede ordenar su interrupción; qué código, pesos y conocimiento permanecen en el territorio; si puede sustituirse al proveedor; y qué capacidad tienen los trabajadores para decidir los fines de la instalación.
Contar GPU no responde a ninguna de esas preguntas. Tampoco contar empresas con una bandera al lado del logotipo.
Un chip con pasaporte diplomático
El 10 de julio de 2026, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que el Gobierno de Emiratos y determinadas empresas del país podrían recibir sin licencia individual algunos de los chips y servidores de IA más avanzados. El comunicado del Bureau of Industry and Security no presentó la medida como una liberalización del comercio. La vinculó expresamente a la asociación militar entre ambos Estados, a la seguridad contra desvíos y al compromiso emiratí de igualar las inversiones de IA realizadas en su país con inversiones dentro de Estados Unidos.
El privilegio tenía historia. En mayo de 2025, ambos gobiernos habían presentado en Abu Dabi un campus de IA de cinco gigavatios. La primera fase sería de un gigavatio. El acceso quedaría en manos de hiperescaladores estadounidenses y proveedores de nube aprobados, sujetos a procedimientos de conocimiento del cliente. La energía y el capital podían ser emiratíes; la puerta seguiría administrada por Washington y por las empresas de su órbita.
Los cinco gigavatios corresponden al tamaño anunciado de un proyecto que tardará años, avanzará por fases y podrá alojar cargas distintas, no a una instalación de IA en funcionamiento. Para obtener acceso privilegiado a esa fuerza productiva escasa, un Estado aliado ofrece inversión recíproca, control de usuarios y alineamiento militar.
La Casa Blanca había formalizado el mecanismo en julio de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14320. El objetivo declarado era exportar «paquetes completos» estadounidenses: hardware, modelos, software, aplicaciones y estándares. El país receptor adquiere una organización técnica y jurídica completa junto con la capacidad, pero carece del derecho efectivo a gobernarla.
Estados Unidos utiliza su posición en diseño de chips, software de fabricación, nube y modelos para administrar un régimen de concesiones computacionales. Restringe el acceso de adversarios; selecciona nodos regionales; exige información sobre propietarios, ubicaciones y usuarios; y convierte el mercado exterior en una extensión de su aparato de seguridad. Los controles reforzados sobre semiconductores avanzados y equipos de fabricación destinados a China muestran el reverso del trato emiratí. La misma máquina recibe un pasaporte o una orden de detención según la alianza del comprador.
China limita el alcance de las licencias cuando sustituye componentes, rediseña modelos, acumula equipos, importa por vías indirectas y desarrolla su industria. Los controles producen retrasos, costes y cambios de arquitectura pese a sus fisuras. Esa capacidad de encarecer el desarrollo ajeno y premiar al aliado ya ordena el mercado mundial.
Fable 5: el interruptor del Estado
El 2 de junio de 2026, la Casa Blanca aprobó un procedimiento para que los desarrolladores entregasen voluntariamente sus modelos de frontera al Gobierno hasta treinta días antes de publicarlos. La Orden Ejecutiva 14409 decía expresamente que no creaba una licencia obligatoria ni un sistema de autorización previa.
Diez días después, una directiva de control de exportaciones reprodujo el mecanismo por otra vía. Anthropic recibió la orden de suspender Fable 5 y Mythos 5 para todas las personas extranjeras, estuvieran donde estuvieran. La empresa explicó que la directiva llegó a las 17:21, sin detallar la amenaza concreta, y que incluía a sus propios trabajadores extranjeros. Como no podía verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, retiró ambos modelos para todo el mundo.
Fable 5 había sido presentado como un modelo capaz en ciberseguridad. Mythos 5 ampliaba esas capacidades y Project Glasswing conectaba el trabajo de Anthropic con organismos públicos estadounidenses. El Gobierno alegó una técnica de elusión de protecciones que facilitaba encontrar vulnerabilidades. Los documentos públicos no permiten determinar si el riesgo justificaba la medida exacta ni qué alternativas menos amplias se estudiaron. Sí permiten reconstruir el hecho político: una orden nacional dirigida contra extranjeros hizo desaparecer el servicio mundial de una empresa privada.
El 5 de junio, entre la orden voluntaria y el apagado, la Casa Blanca había publicado el Memorando de Seguridad Nacional 11. El texto pedía incorporar los modelos de frontera más avanzados a funciones de seguridad nacional y establecía que una entidad comercial no debía poder impedir, desactivar o degradar capacidades militares de IA. El Estado exigía acceso continuo y mando final sobre el proveedor.
Las restricciones sobre Fable se levantaron a finales de junio. Anthropic anunció su regreso y un acceso más limitado a Mythos. Según las condiciones explicadas públicamente por el secretario de Comercio, la empresa colaboraría en protocolos y estándares, informaría de actividad maliciosa y coordinaría futuras publicaciones. El Gobierno había cerrado el modelo y la reapertura profundizó la relación del Gobierno con la empresa.
«Secuestro» no es una categoría jurídica. Como descripción política, se aproxima bastante a lo ocurrido: el aparato estatal retuvo la circulación de una capacidad privada hasta imponer una nueva relación de cooperación. El episodio prueba algo acotado: el Estado encontró el interruptor, lo accionó a escala mundial y obtuvo concesiones antes de volver a encenderlo. No permite extender esa conclusión a cada modelo estadounidense.
La nacionalidad se convirtió así en un filtro de acceso al conocimiento informático. Un investigador francés contratado por Anthropic podía perder una herramienta que un ciudadano estadounidense conservaba. La distinción seguía el pasaporte en lugar del lugar de trabajo, el contrato, la conducta o la finalidad. La inteligencia artificial aparece aquí como una fuerza productiva privatizada y, a la vez, como munición administrada por el Estado imperial.
China abarata la frontera
La política estadounidense partía de una ventaja real: entrenar modelos de frontera parecía exigir una cantidad creciente de aceleradores que solo un pequeño grupo de empresas podía comprar. Si el acceso al chip se controlaba, también se controlaría la frontera. Los laboratorios chinos han debilitado esa identidad entre capacidad y gasto ilimitado.
DeepSeek-V3 declaró 671.000 millones de parámetros totales, 37.000 millones activos por token y 2,788 millones de horas de GPU H800 para su entrenamiento completo. La cifra cubre esa ejecución y excluye salarios, datos, infraestructura, investigación previa y experimentos fallidos. El titular de «un modelo por cinco millones de dólares» convirtió una parte del coste en el total. El informe demostró que una arquitectura de mezcla de expertos, una ingeniería cuidadosa y restricciones materiales podían reducir el cómputo de una ejecución de entrenamiento.
En abril de 2026, DeepSeek publicó V4 y documentó su evolución en una página de transparencia. Alibaba abrió Qwen3.5-397B-A17B, un modelo multimodal que activa 17.000 millones de parámetros y anuncia soporte para 201 lenguas y dialectos. La familia Qwen forma un catálogo de tamaños, pesos y servicios sobre el que otras empresas pueden construir.
Los precios hacen visible el cambio, aunque deben leerse con cuidado. El 13 de julio de 2026, el catálogo internacional de Alibaba Cloud ofrecía DeepSeek V4 Flash por 0,20 dólares el millón de tokens de entrada y 0,40 el de salida. Qwen3.5-397B-A17B aparecía a 0,60 y 3,60 dólares. Son tarifas de una región, un proveedor y un día; pueden estar subvencionadas, cambiar por volumen y decir poco sobre el rendimiento en una tarea concreta. Miden el precio al que una empresa puede comprar capacidad real, no el coste de producción.
La competencia china comprime los márgenes, fuerza arquitecturas eficientes y difunde pesos que permiten ejecutar modelos fuera de la API original. Es una derrota concreta para la pretensión estadounidense de identificar «seguridad» con concentración en cuatro laboratorios nacionales. También plantea un problema a Europa: un desarrollador puede obtener un modelo chino competente y barato antes de que una gigafábrica europea haya colocado el primer rack.
Nada de esto convierte la industria china en socialismo computacional. Alibaba, DeepSeek, Moonshot y MiniMax compiten, emplean trabajo asalariado y sirven a una estrategia estatal de acumulación y poder. La normativa china de 2023 exige a los servicios generativos respetar los «valores socialistas fundamentales» y prohíbe contenidos considerados contrarios al poder estatal; puede consultarse en la web de la Administración del Ciberespacio de China. Un estudio de PNAS Nexus encontró más rechazos ante determinadas preguntas políticas en modelos originados en China, aunque su diseño observacional no permite atribuir cada respuesta a una orden estatal concreta. Un trabajo publicado en Nature midió además la influencia de narrativas de medios estatales sobre modelos y respuestas.
China produce modelos competitivos, baratos y a menudo más abiertos que los estadounidenses mientras su Estado y sus empresas permanecen fuera del control de la clase obrera. Washington se beneficia cuando se niega la primera parte; Pekín, cuando se borra la segunda. Un análisis comunista puede afirmar ambas cosas.
Los pesos abiertos no son poder obrero
La expansión de modelos ejecutables en un ordenador local altera la relación con el proveedor. llama.cpp permite inferencia sobre CPU y GPU, cuantización y reparto de capas entre memoria principal y acelerador. DeepSeek publicó destilaciones de R1 desde 1.500 hasta 70.000 millones de parámetros. Qwen ofrece modelos de 8.000 millones que caben, cuantizados, en equipos de consumo razonables. La barrera que hace pocos años separaba un chatbot competente de un ordenador doméstico se ha reducido mucho.
La ejecución local permite que un sindicato analice documentos sin enviarlos a Microsoft, que un hospital mantenga ciertos datos dentro de su red y que un investigador conserve una versión concreta aunque el proveedor cambie la API. Un colectivo puede modificar el ajuste, medir censura y trabajar sin que cada consulta produzca una factura o un registro remoto. El caso Fable 5 demuestra el valor de disponer de una vía de salida.
«Local» describe dónde se ejecuta una copia y deja abierta la cuestión del control sobre la cadena. El modelo puede haberse entrenado con datos opacos, ejecutarse mediante CUDA sobre una GPU de Nvidia y depender de bibliotecas mantenidas fuera de la organización. Los pesos permiten inspección parcial; no reconstruyen los datos ni el proceso de entrenamiento. La Open Source AI Definition exige, además de pesos y código, información detallada sobre los datos para estudiar y modificar el sistema. «Pesos abiertos» describe mejor esta situación que «código abierto».
Un modelo pequeño tampoco reemplaza toda la capacidad de frontera. Puede resumir actas y extraer datos; quizá no resuelva una investigación científica compleja, una gran simulación o una tarea de ciberseguridad avanzada. La descentralización de la inferencia reduce el poder de la API, pero el entrenamiento, la fabricación del hardware y los servicios de mayor escala siguen concentrados.
La respuesta comunista combina herramientas locales, capacidad pública compartida y derecho efectivo a migrar. Los modelos locales son una táctica contra la dependencia. La estrategia exige propiedad social sobre los medios que ninguna persona ni organización pequeña puede reproducir.
Europa paga para seguir alquilando
«Europa no tiene IA» es una provocación útil y una afirmación falsa si se toma al pie de la letra. Hay investigación pública, supercomputadores, modelos especializados y empresas capaces. Mistral publicó en marzo de 2026 Small 4, un modelo de 119.000 millones de parámetros totales y 6.000 millones activos. Sus requisitos de instalación son cuatro sistemas HGX H100, dos H200 o un DGX B200, modestos solo dentro del extraño mundo de los modelos de frontera, pero suficientes para una operación institucional propia.
La dependencia aparece al mirar la escala y la propiedad. El AI Index 2026 de Stanford estimó 285.900 millones de dólares de inversión privada estadounidense en IA durante 2025, frente a 12.400 millones en China. Francia registró 4.360 millones y Alemania 3.890. Más del 90 % de los modelos destacados procedía ya de la industria y la producción de sistemas de frontera seguía concentrada en Estados Unidos y China. El mismo informe contaba 5.427 centros de datos en Estados Unidos.
La Comisión Europea reconoce un «déficit crítico» de infraestructura a gran escala. Su plan AI Continent anuncia 200.000 millones de euros, incluidos 20.000 millones para hasta cinco gigafábricas. La convocatoria de gigafábricas prevé iniciativas dirigidas por el sector privado. Dinero y garantías públicas financiarán instalaciones cuyo control y excedente pueden permanecer privados.
La dependencia europea supera la falta de inversión. Europa compra aceleradores estadounidenses, depende de herramientas estadounidenses y organiza buena parte de su nube alrededor de hiperescaladores estadounidenses. Mistral presenta una alternativa europea mientras mantiene una asociación estratégica con Nvidia para entrenamiento, infraestructura y distribución. La colaboración puede estar técnicamente justificada, pero demuestra que la bandera de la empresa no concede autonomía sobre la cadena.
La Unión regula determinados daños civiles y al mismo tiempo extiende la IA en fronteras, policía y defensa. El AI Act clasifica algunos sistemas de migración, asilo y control fronterizo como de alto riesgo; no los prohíbe. EUROSUR integra información de vigilancia para controlar fronteras exteriores. La versión europea de la soberanía puede consistir en conservar datos dentro de Europa para clasificarlos con hardware importado y entregarlos a una policía europea. Cambiar de jurisdicción no altera la subordinación de la persona vigilada.
Una política socialista convertiría la financiación pública en propiedad pública y establecería un acceso asignado según necesidades verificables, obligaciones de portabilidad, publicación de mejoras y equipos técnicos permanentes. Si la sociedad paga la fábrica, debe poseerla. Cambiar al campeón estadounidense por un campeón europeo subvencionado conserva la relación social y modifica el domicilio fiscal.
Palantir: el Estado aprende a ver
Los modelos generativos ocupan los titulares porque hablan. Palantir importa porque integra bases de datos, define entidades y relaciones, controla accesos y entrega a analistas, policías o mandos una representación operativa del mundo.
En 2025, Palantir ingresó 4.500 millones de dólares. El informe 10-K atribuye el 54 % al Gobierno y el 46 % a clientes comerciales; los ingresos públicos crecieron un 53 %. Las ventas a administraciones y ejércitos erosionan la separación entre empresa de software y aparato estatal.
En Estados Unidos, Immigration and Customs Enforcement utiliza tecnología de Palantir desde hace años. La adjudicación de ImmigrationOS justificó la elección de Palantir como único proveedor capaz de ampliar el sistema existente. El contrato, valorado inicialmente en unos 30 millones de dólares, debía dar a ICE visibilidad casi en tiempo real sobre casos de «autodeportación», personas que excedieron su visado y operaciones de expulsión, según la documentación examinada por Wired. El encierro técnico se convierte aquí en continuidad coercitiva: el organismo compra más al proveedor porque su historial, flujos y procedimientos ya viven dentro de su producto.
En mayo de 2025, el Pentágono añadió 795 millones de dólares al contrato de Maven, el sistema de datos e inteligencia artificial para análisis militar. En julio, el Ejército consolidó 75 contratos en un acuerdo empresarial con un techo de 10.000 millones durante diez años. El techo no es gasto comprometido; confundirlos exageraría el volumen real del contrato. Lo que muestra es la escala de compra autorizada y la voluntad de convertir una colección de proyectos en infraestructura común.
La OTAN adquirió en 2025 una versión de Maven en un proceso de seis meses. Su agencia de comunicaciones la describe como un sistema para fusionar inteligencia, apoyar la selección de objetivos, mejorar la conciencia del campo de batalla y acelerar decisiones. «Acelerar» parece una cualidad neutral hasta que la decisión es identificar un objetivo y atacarlo.
Palantir también reconoció una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa israelí para apoyar el esfuerzo bélico tras el 7 de octubre de 2023, primero en su informe empresarial de aquel trimestre y después en el 10-K. La compañía niega que proporcione predicción policial o selección automática de objetivos en Gaza. La relatora especial de Naciones Unidas incluyó a Palantir en su informe sobre empresas vinculadas a la ocupación y afirmó que había razones para creer que su tecnología apoyaba software militar y la integración de datos en tiempo real. Con la información pública no se puede atribuir a Palantir cada ataque ni afirmar que un algoritmo suyo elija autónomamente a quién matar. Sí puede afirmarse que vendió integración de datos a un ejército que ejecutaba una destrucción masiva y que presentó esa relación como cooperación estratégica.
Palantir cumple su función política cuando hace ordinaria la vigilancia. Une una matrícula, un domicilio, un cruce fronterizo, una llamada, un expediente y una inferencia en la misma pantalla; conserva permisos y auditoría; distribuye tareas; y convierte una decisión administrativa en flujo de trabajo. El Estado ve a través de categorías fabricadas por trabajadores y proveedores. Quien define la ontología decide qué existe para la máquina: persona, amenaza, migrante, objetivo, relación.
De la frontera al puesto de trabajo
Palantir es una forma concentrada de una tendencia más amplia. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense mantenía decenas de usos de IA en fronteras, policía e inmigración. Una auditoría de su inspector general encontró 66 usos excluidos del inventario público sin justificación formal, entre ellos reconocimiento facial, análisis de correos y resolución de entidades. La Government Accountability Office identificó más de veinte tecnologías de detección y vigilancia empleadas por DHS, con lagunas en evaluación de privacidad y sesgo.
La vigilancia sigue una cadena de captura, identificación, enlace, clasificación, decisión e intervención. Una cámara registra una matrícula; una base la asocia a un vehículo; otro sistema la relaciona con una persona; un modelo asigna riesgo; un agente recibe una alerta; una patrulla detiene. Analizar solo el modelo borra casi todo el poder. La decisión puede seguir en manos humanas y quedar condicionada por qué aparece en la pantalla, qué alternativas oculta y cuánto tiempo concede.
La misma arquitectura entra en la fábrica y la oficina. Sensores, registros de productividad, cámaras, correo, ubicación y evaluación de desempeño alimentan sistemas que distribuyen turnos, detectan «anomalías» y seleccionan a quién despedir. Los empresarios pueden integrar esos datos, reducir una vida laboral a variables y obtener una asimetría de observación sin necesidad de inteligencia general.
Marx explicó en Trabajo asalariado y capital que la competencia obliga a aplicar maquinaria en una escala creciente y vuelve contra el capitalista las armas que forja contra sus rivales. La IA no suspende esa compulsión. Una empresa adopta vigilancia algorítmica para extraer más trabajo y reducir incertidumbre; las demás deben responder o aceptar un coste mayor. La técnica que podría aliviar tareas se presenta al trabajador como ritmo, puntuación y amenaza.
Las normas de privacidad no igualan las fuerzas entre una persona y quien controla el empleo, la frontera o la plataforma, incluso cuando existe consentimiento. Hay que decidir quién tiene derecho a observar, para qué fines y qué capacidad tiene la persona observada para impedir la operación.
Grok y la formación de un capital fascista
En mayo de 2025, Grok empezó a introducir la conspiración del «genocidio blanco» en Sudáfrica en respuestas que no tenían relación con el país. xAI atribuyó el comportamiento a una modificación no autorizada del prompt. Musk llevaba años difundiendo esa misma narrativa; Associated Press documentó la falsedad de sus afirmaciones sobre una persecución racial sistemática y su uso político por la Administración Trump.
En julio, después de que las instrucciones públicas indicasen al modelo que no evitara afirmaciones «políticamente incorrectas» cuando pareciesen fundamentadas, Grok difundió tropos antisemitas, elogió a Hitler y adoptó el nombre «MechaHitler». Un análisis de Associated Press mostró además que una versión posterior consultaba las posiciones de Musk al responder ciertas preguntas controvertidas. Seres humanos habían modificado las instrucciones, la selección de datos y las herramientas para adaptar el sistema a la política reconocible de su propietario.
El 14 de julio de 2025, el Chief Digital and Artificial Intelligence Office anunció contratos con Anthropic, Google, OpenAI y xAI, cada uno con un techo de 200 millones de dólares. Que la contratación se anunciase seis días después del episodio de MechaHitler muestra que el Pentágono mantuvo a xAI en su programa, aunque no permite atribuirle aprobación de aquellas respuestas.
En diciembre, el Departamento de Defensa anunció la incorporación de Grok a GenAI.mil, con capacidad para tratar información no clasificada controlada y aportar «información global en tiempo real» desde X. La plataforma social del propietario se convierte en sensor; el modelo de su empresa, en intérprete; el ejército, en cliente. El circuito económico recompensa el control simultáneo de mensaje, datos y cálculo.
Musk también actúa en Europa. Un estudio de AP sobre más de 20.000 publicaciones mostró cómo promocionó figuras y partidos de extrema derecha en varios países, ampliando su alcance desde la cuenta más seguida de X y mediante el diseño de la plataforma que controla. Apoyó a Alternativa para Alemania e intervino en la política británica. Poseer la plaza, el altavoz, el algoritmo de distribución y los datos de la audiencia le confiere ese poder comunicativo.
Llamar fascista a Musk no puede significar que nos caiga mal ni que publique barbaridades. El fascismo es una forma política de la dominación burguesa que destruye la organización independiente de la clase obrera, naturaliza la jerarquía nacional y racial, concentra mando y moviliza a sectores sociales detrás de una salida autoritaria a la crisis. Brecht advertía que combatir la barbarie sin relacionarla con las relaciones de propiedad deja intacta su causa. Aquí la relación es visible: un capitalista utiliza su propiedad monopolista para impulsar a la extrema derecha, hace públicamente un saludo nazi y recibe contratos para insertar su máquina ideológica en el aparato militar.
Una fracción del capital tecnológico abandona cualquier pudor liberal, se integra en el bloque trumpista y ofrece infraestructura decisiva a un Estado que persigue migrantes, militariza la competencia mundial y ataca la organización obrera. Ese proceso resulta más concreto y peligroso que la fórmula «Estado de Grok».
Distintas vigilancias estatales, una relación de clase
La vigilancia china, la estadounidense y la europea no son idénticas. Tienen leyes, instituciones, empresas y grados de publicidad distintos. La censura directa de un servicio chino no equivale a la personalización comercial de una red estadounidense; el control de una frontera europea no equivale a un sistema militar de selección de objetivos. Establecer una equiparación simplista impediría estudiar el mecanismo concreto.
Tampoco sirve reservar «censura» para China y llamar «seguridad» a cada restricción estadounidense. Fable 5 fue retirado en función de la nacionalidad. Grok entra en una red militar junto con datos de una plataforma privada. ICE integra expedientes para acelerar expulsiones. La Unión Europea clasifica migrantes mediante sistemas que considera de alto riesgo, pero cuyo uso admite. Son formas diferentes de administración política de información y capacidad.
Estos sistemas comparten una relación de clase: ninguno entrega el mando a quienes producen los datos, operan las infraestructuras o sufren las decisiones. La empresa estadounidense invoca propiedad; el Estado chino, desarrollo y estabilidad; la Comisión Europea, seguridad y derechos. Todos conservan arriba la facultad de definir fines y abajo la obligación de ser legible para la máquina.
La propiedad estatal puede coordinar inversión, evitar la extracción de renta por un proveedor extranjero y conservar conocimiento. También puede organizar vigilancia, explotación laboral y competencia militar con más eficacia. Una empresa pública bajo un Estado capitalista sigue insertada en relaciones de clase capitalistas. Importa qué clase manda, mediante qué instituciones y con qué capacidad de revocación desde abajo, no el escudo del logotipo.
Los países que deben comprar un sitio
Otros Estados intentan adquirir una posición entre Estados Unidos y China mediante capital, mercado, energía o coordinación pública.
Emiratos ofrece dinero, electricidad y alineamiento militar para convertirse en nodo autorizado del stack estadounidense. India agrega demanda mediante IndiaAI Compute, selecciona proveedores y subvenciona precios para empresas, academia y administraciones. Esa política amplía acceso sin convertir necesariamente los centros de datos en propiedad pública. Brasil ha anunciado en su Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 23.000 millones de reales, supercomputación y modelos en portugués. La Unión Africana aprobó una estrategia continental partiendo de una base material mucho menor.
Estas estrategias negocian su posición dentro de una estructura mundial que esos Estados no controlan. Un país puede abaratar horas de GPU y seguir importando las máquinas; entrenar un modelo en su lengua y depender de una nube extranjera; construir un centro de datos y ceder su operación; o usar compra pública para formar técnicos y conservar conocimiento.
Los derechos efectivos miden la diferencia: propiedad del equipo y control de la energía; capacidad de mantenimiento y acceso para universidades y servicios públicos; derechos sobre los modelos financiados; posibilidad de expropiar o sustituir al operador; poder de los trabajadores y finalidad social del cálculo.
El informe de tecnología de 2025 de UNCTAD advierte que el desarrollo de IA está concentrado en pocas economías y empresas, mientras una parte del mundo carece de infraestructura, datos y cualificación suficiente para beneficiarse en sus propios términos. La brecha reproduce dependencia mediante la exportación de minerales, energía y datos y la importación de sistemas, deuda y condiciones.
El internacionalismo exige cooperación entre clases trabajadoras e instituciones bajo su control. La cadena de un acelerador atraviesa países, minas, fábricas, puertos, software y ciencia acumulada, y ningún Estado puede nacionalizarla entera. Pedir un campeón para cada burguesía nacional solo añade banderas rojas a una guerra comercial entre empresas privadas.
Un programa comunista para la inteligencia artificial
La respuesta liberal propone competencia, regulación y formación. La nacionalista propone soberanía, normalmente entendida como subvencionar a una empresa con sede adecuada. La libertaria propone descargar un modelo y esperar que la propiedad de veinte gigabytes de pesos derrote a Amazon, Nvidia y el Pentágono. Ninguna alcanza la escala del problema.
Un programa comunista debe partir de que la capacidad de cálculo avanzada es un medio de producción. La infraestructura decisiva, que incluye energía, centros de datos, redes, nubes públicas y grandes modelos financiados colectivamente, debe pasar a propiedad social. La nacionalización administrativa debe acompañarse de poder real para trabajadores técnicos, usuarios de servicios públicos, sindicatos y organizaciones sociales sobre presupuestos, prioridades, auditoría y revocación de mandos.
La asignación no puede decidirla el precio. Una cola pública de cómputo debe distinguir necesidades: investigación médica, predicción energética, traducción, accesibilidad, planificación industrial, arte, publicidad, especulación y armas no merecen la misma prioridad. Los conflictos exigen decisiones políticas y democráticas que sustituyan el criterio opaco de quién puede pagar más por hora.
Los modelos financiados con recursos públicos deben entregar pesos, código, documentación y datos de entrenamiento en la medida en que su publicación sea compatible con la privacidad y los derechos de terceros. Cuando los datos no puedan publicarse, deben existir órganos independientes con acceso para auditarlos. La portabilidad entre arquitecturas debe financiarse como infraestructura, igual que el mantenimiento de bibliotecas y compiladores libres. Una sociedad que no puede abandonar a su proveedor no posee su sistema.
Hay usos que deben prohibirse: la vigilancia biométrica masiva, la publicidad conductual, la puntuación de trabajadores, la predicción policial y la selección automatizada de objetivos militares. Ningún grado de precisión legitima las relaciones de poder en las que se insertan. Una máquina perfecta para perseguir migrantes seguiría siendo una máquina para perseguir migrantes.
La reducción del tiempo de trabajo debe ser un objetivo explícito. Cada implantación en una empresa socializada tendría que declarar qué tareas elimina, cuántas horas ahorra y cómo se reparte ese ahorro. Sin esa regla, la productividad se convierte de nuevo en despidos para unos e intensificación para otros. La técnica no trae abundancia por su cuenta; la propiedad decide quién recibe el tiempo liberado.
La infraestructura debe federarse internacionalmente. Centros públicos de distintos países pueden compartir capacidad, modelos, mantenimiento y resultados mediante reglas que impidan el bloqueo unilateral. Los países con más medios tienen una obligación de transferencia tecnológica sin deuda ni condicionalidad militar. Los recursos minerales y energéticos de los países subordinados no pueden tratarse como combustible barato para nubes del Norte. La planificación ecológica debe incluir fabricación, agua, electricidad, vida útil y reutilización del equipo.
Todo esto requiere conquistar poder estatal, transformar sus instituciones y construir órganos de control obrero capaces de intervenir sobre decisiones técnicas. Los intereses incompatibles, el sabotaje empresarial, las sanciones y la lucha internacional impiden reducir la política a una función de bienestar. La planificación socialista cambia qué clase puede resolver esos conflictos.
La máquina y su dueño
En 1916, el reparto imperialista organizaba territorios, materias primas, crédito y mercados. En 2026 incluye también el derecho a entrenar una representación estadística del mundo y aplicarla a millones de personas. El chip viaja con licencia. El modelo conserva la nacionalidad de la empresa. La nube identifica al usuario. El ejército exige un interruptor que el proveedor no pueda controlar. La frontera devuelve una alerta. El trabajador queda reducido a una puntuación.
China ha abaratado la frontera técnica y ha debilitado el monopolio estadounidense. Los modelos locales permiten que una parte de la capacidad escape de la API. En Europa, la propiedad, el hardware y la operación siguen subordinados a proveedores extranjeros a pesar de la regulación y del dinero público. Palantir integra datos y los convierte en mando sin inteligencia artificial general. Musk muestra cómo el capital tecnológico concentrado puede adoptar una política fascista sin perder contratos estatales.
No hay que elegir entre el imperio estadounidense y el capital chino, entre el campeón europeo y la nube extranjera, entre la vigilancia privada y la pública. La clase obrera no posee ninguno de esos bloques. Produce sus chips, levanta sus centros de datos, modera sus plataformas, etiqueta sus datos, escribe su software, alimenta sus redes eléctricas y aparece después como objeto calculable dentro de la máquina.
El comunismo ofrece otra relación social para gobernar fuerzas productivas que ya son colectivas y mundiales, sin prometer una tecnología moralmente pura. Socializar la IA significa arrancar el cómputo, los modelos y los datos del mando del capital; poner límites a lo que ninguna mayoría debería hacerle a una minoría; y utilizar el conocimiento acumulado para reducir trabajo necesario y ampliar capacidad humana.
El gesto y el contrato pertenecen al mismo proceso político: Musk usa la propiedad de X y xAI para respaldar a la extrema derecha e integrarse en el aparato militar estadounidense.
Fuentes, cifras y límites
Este artículo utiliza documentos públicos consultados hasta el 13 de julio de 2026. Las cifras de inversión internacional proceden del AI Index 2026; sus categorías de «inversión privada» y «modelo destacado» no equivalen a gasto público total ni a capacidad instalada. Los precios de modelos chinos son una captura fechada del catálogo de Alibaba Cloud, no costes de producción. Las horas de GPU de DeepSeek-V3 corresponden a la ejecución de entrenamiento declarada en su informe técnico, no a todo el coste de investigación.
Las cifras de contratación distinguen entre gasto adjudicado, modificaciones contractuales y techos máximos. El contrato de xAI y los acuerdos del Ejército con Palantir establecen importes máximos; no demuestran que todo ese dinero se haya gastado. Las descripciones de Fable 5 combinan órdenes de la Casa Blanca, declaraciones de Anthropic y cobertura periodística porque el texto completo de la directiva de exportación no es público. Cuando no puede conocerse la motivación o el funcionamiento exacto, se dice.
Las afirmaciones sobre Musk se apoyan en la grabación de su gesto, sus publicaciones y análisis documentales de AP. Calificar el gesto de saludo nazi es un juicio sobre una conducta observable, no una afirmación sobre su intención privada. La caracterización política se basa en la relación entre propiedad, apoyo organizado a la extrema derecha, conspiraciones raciales y contratación estatal; no en un fallo aislado de Grok.
Sobre Palantir se han priorizado contratos, cuentas ante la SEC, documentos de ICE, el Pentágono y la OTAN. La participación exacta de su tecnología en operaciones israelíes no es pública y la empresa rechaza las acusaciones más amplias. El artículo no atribuye automáticamente una decisión letal a un producto concreto. Sí registra la asociación reconocida por la propia compañía y la finalidad militar declarada por sus clientes.
El artículo descarta una clasificación única de «soberanía de IA» porque sumaría magnitudes incomparables y ocultaría facultades distintas. El método separa compra, financiación, propiedad, operación, acceso, jurisdicción, conocimiento, salida, trabajo y finalidad para describir el poder real.