Supongamos que una institución pública recibe un millón de horas de GPU para el próximo año. No un presupuesto monetario que pueda ampliarse con crédito, sino una cantidad física de capacidad de cálculo. Cuando se agote, se acabó.
La cifra parece inmensa hasta que se divide. Un millón de horas equivale a mantener 114 aceleradores ocupados durante todo el año. Son poco más de catorce sistemas DGX H100 de ocho GPU funcionando de manera continua. La ficha técnica de Nvidia fija un consumo máximo aproximado de 10,2 kW por sistema. Si toda la capacidad se ejecutase en esas máquinas a ese máximo, los servidores consumirían cerca de 1,275 GWh. Faltarían la refrigeración y el resto de la instalación.
Alquilar las mismas horas tampoco las vuelve inmateriales. El 13 de julio de 2026, AWS publicaba para Londres un precio efectivo de 3,933 dólares por H100 y hora en bloques de capacidad. Un millón costaría 3,933 millones de dólares antes de almacenamiento, transferencia, soporte y trabajo técnico. La cuenta no compara bien alquiler y propiedad; sirve para dar escala al recurso que se va a repartir.
Ya tenemos el problema. Hay más usos razonables que capacidad. Alguien tendrá que decir que no.
Lo que decide hoy el dinero
El mercado asigna cómputo mediante demanda solvente. Una empresa publicitaria puede comprar cien mil horas si espera recuperar el gasto afinando la selección de anuncios. Un hospital que no dispone de presupuesto no entra en la cola. El precio coordina decisiones privadas después de haber distribuido de forma desigual el poder de decidir.
La provisión pública actual corrige una parte del acceso, pero conserva criterios que conviene examinar. EuroHPC considera de «gran escala» los proyectos que solicitan más de 50.000 horas de GPU. En su convocatoria industrial de 2026, las empresas, pymes y startups pueden recibir capacidad gratuita; conservan la propiedad de los datos y modelos generados y pueden explotarlos comercialmente. Las ayudas del acelerador EIC pasan con prioridad sobre las demás propuestas. Los criterios decisivos son innovación e impacto, puntuados por expertos.
El documento es claro. El Estado paga la máquina, una empresa puede apropiarse del resultado y «innovación» decide la cola. No hace falta imaginar una conspiración algorítmica. Está escrito en las condiciones de acceso.
Una institución socialista tendría otro mandato: satisfacer necesidades acordadas, reducir trabajo social, respetar límites materiales y ampliar capacidades comunes. Para cumplirlo necesita matemáticas. Antes necesita poder político.
El plan empieza antes de optimizar
La investigación operativa puede encontrar una asignación que maximice una función bajo restricciones. No puede escribir por sí sola la función. Si se le ordena maximizar ingresos, favorecerá los usos con mayor retorno monetario. Si se le ordena reducir emisiones, pedirá una definición de emisiones, un horizonte y datos. Si salud, lengua y energía reciben pesos numéricos, alguien ha decidido esos pesos antes de ejecutar el programa.
Esta distinción separa cálculo y planificación. El cálculo comprueba si una combinación cabe, estima consecuencias y descubre incompatibilidades. La planificación incluye la formación de objetivos, la propiedad de los medios, los órganos que deciden, la ejecución y la corrección. Una hoja de cálculo puede ayudar con una parte. No posee legitimidad ni recibe las consecuencias de equivocarse.
Cockshott y Cottrell distinguen en Hacia un nuevo socialismo entre planificación macroeconómica, estratégica y detallada. El millón de horas ya presupone una decisión macroeconómica: cuánto trabajo, energía y equipo dedica la sociedad al cómputo. Elegir áreas prioritarias es planificación estratégica. Repartir horas, almacenamiento y personal entre proyectos es el nivel detallado. Mezclar los tres niveles produce debates absurdos, como discutir el orden de una cola sin preguntar por qué una empresa privada puede entrar en ella.
Un ejemplo que se puede discutir
Construyamos un plan anual. No pretende adivinar las necesidades de una sociedad futura. Obliga a declarar las decisiones que una asignación real tendría que tomar.
Antes de puntuar, el órgano de planificación aplica cuatro condiciones. El proyecto debe responder a una necesidad reconocida por un plan sectorial o por una iniciativa social con apoyo suficiente. Tiene que justificar por qué una técnica menos intensiva no basta. Debe disponer de datos, personal y almacenamiento para usar las horas. Sus resultados quedan en propiedad común, salvo los datos personales o materias cuya publicación cause un daño concreto.
Quedan fuera la publicidad comercial, la especulación financiera, la vigilancia policial masiva y la expansión de combustibles fósiles. La exclusión no sale de un modelo. Es una decisión política sobre qué producción no merece recursos comunes.
El siguiente reparto es un ejemplo de trabajo:
| Uso | Horas | Condición principal |
|---|---|---|
| Clima, red eléctrica y adaptación local | 230.000 | Datos y modelos públicos; coordinación con el plan energético |
| Salud, diagnóstico y descubrimiento de fármacos | 220.000 | Validación clínica independiente; prohibición de privatizar resultados esenciales |
| Lenguas y conocimiento público | 140.000 | Corpus consentidos; modelos y herramientas abiertos |
| Materiales, transporte y producción industrial | 150.000 | Ahorro material demostrado; participación de trabajadores del sector |
| Accesibilidad, cuidados y tecnologías asistivas | 80.000 | Diseño con usuarios y evaluación de utilidad cotidiana |
| Reproducción, auditoría y seguridad | 100.000 | Equipos distintos de quienes producen el resultado original |
| Propuestas exploratorias | 30.000 | Acceso para equipos sin historial de supercomputación |
| Reserva de emergencia | 50.000 | Liberación pública motivada durante el año |
| Total | 1.000.000 |
Los números no son «la solución socialista». Hacen visibles conflictos que el precio suele tapar. Dedicar 100.000 horas a reproducir resultados reduce la cantidad de proyectos nuevos, pero aumenta el conocimiento fiable. Reservar 30.000 para equipos inexpertos baja el rendimiento medio del sistema a corto plazo; también impide que la capacidad quede monopolizada por organizaciones que ya dominan el procedimiento de solicitud. Una bolsa de emergencia deja máquinas sin comprometer por adelantado. Puede parecer ineficiente hasta que aparece una epidemia, un incendio o una avería de red.
El plan debería publicar solicitudes, asignaciones, conflictos de interés, uso efectivo y resultados. No publicaría datos clínicos ni información capaz de identificar a una persona. Transparencia del poder no significa exposición universal de datos.
Quién decide
Un comité de expertos es necesario para comprobar que el código escala, que los datos existen y que una estimación de horas tiene sentido. Darle la última palabra convertiría una restricción técnica en gobierno de especialistas.
La decisión puede organizarse en tres momentos. Los consejos de salud, energía, ciencia, cultura e industria definen necesidades y límites dentro del plan general. Trabajadores de la infraestructura y especialistas revisan viabilidad, consumo y riesgos. Un consejo de asignación con representación revocable de esos sectores resuelve los conflictos y publica sus razones. Las personas afectadas pueden apelar por error factual, trato desigual o incumplimiento del procedimiento.
La composición no elimina la lucha política. La coloca en un órgano visible. Un sindicato industrial puede defender simulaciones que reduzcan accidentes; una comunidad lingüística puede exigir capacidad que nunca ganaría por volumen de usuarios; el sistema sanitario puede disputar horas a un proyecto energético. No existe una unidad natural que vuelva equivalentes todos esos fines.
Puede usarse votación para prioridades generales y modelos multicriterio para comprobar repartos. Hay que publicar cómo cambia el resultado cuando cambian los pesos. Si una variación pequeña expulsa por completo una necesidad, el plan es frágil. El modelo sirve entonces como alarma.
La unidad «hora de GPU» también engaña
Una H100, una MI300X y una B200 no ejecutan el mismo trabajo por hora. Incluso dos H100 obtienen resultados distintos según red, precisión numérica, biblioteca y aprovechamiento. Contar horas sin medir trabajo útil puede premiar código ineficiente o castigar una arquitectura distinta.
La hora de GPU funciona como unidad presupuestaria inicial porque se puede registrar. La evaluación debe añadir energía, ocupación, tiempo de personal, almacenamiento y una medida propia de cada carga: simulaciones completadas, muestras procesadas o entrenamiento hasta un umbral declarado. Los proyectos entregan primero una prueba pequeña. La asignación grande se libera por tramos cuando la medición confirma los supuestos.
Tampoco conviene perseguir una utilización del 100 %. Las máquinas necesitan mantenimiento; los trabajos fallan; la investigación explora caminos que no llegan a producción. Una infraestructura pública que castiga todo resultado negativo terminará premiando propuestas conservadoras y cifras maquilladas. El objetivo es producir conocimiento y capacidad social, no un gráfico bonito de ocupación.
Trabajo, energía y propiedad
El millón de horas no funciona solo. Hace falta personal de operación, ingeniería de datos, mantenimiento, seguridad, apoyo a usuarios y limpieza física. También hacen falta personas que produzcan y revisen los datos. Una asignación sin horas laborales crea un privilegio para las organizaciones capaces de aportar equipos propios. Por eso cada concesión debe incluir o presupuestar apoyo técnico y reconocer el trabajo de preparación.
La electricidad impone otra restricción. La Agencia Internacional de la Energía estimó que los centros de datos consumieron 415 TWh en 2024 y proyectó unos 945 TWh en 2030 en su escenario base. El consumo se concentra territorialmente y compite por conexiones de red que tardan años en construirse. Nuestro pequeño sistema puede programar cargas flexibles cuando existe abundancia eléctrica, pero salud o emergencias pueden requerir prioridad. La intensidad de carbono horaria aporta información; no decide qué hospital espera.
La propiedad cierra el círculo. Si el cómputo público produce un modelo que luego se encierra y vende al propio Estado, la sociedad paga tres veces: máquina, investigación y licencia. Los resultados financiados íntegramente con recursos comunes deben volver al común. Cuando intervengan datos protegidos, puede abrirse código, documentación, pesos parciales, evaluaciones o acceso público gobernado sin liberar el dato original. «Confidencial» no puede ser la contraseña que convierte una ayuda pública en capital privado.
Planificar es poder corregir
Al final de cada trimestre, el consejo compara horas concedidas y usadas, energía, resultados, trabajo añadido y cumplimiento de condiciones. Puede retirar una asignación o trasladar capacidad. Al final del año, trabajadores y usuarios evalúan si el resultado cambió el servicio que justificó la solicitud. Un modelo médico que publica un artículo y nunca entra en una práctica clínica no ha cumplido automáticamente su fin.
La corrección necesita memoria. Cada decisión conserva sus supuestos y las razones del desacuerdo. Sin ese archivo, el siguiente plan repite la ceremonia de solicitar proyectos y vuelve a premiar a quien redacta mejor. Con él, la sociedad aprende cuánto cuestan sus objetivos y qué instituciones fallan al ejecutarlos.
Un millón de horas de GPU no resuelve la planificación socialista. Es un objeto lo bastante pequeño para impedir que la teoría se esconda en frases enormes. Hay máquinas concretas, una cantidad de electricidad, trabajadores y necesidades incompatibles. El algoritmo puede ayudar a cuadrar las cuentas. La sociedad decide qué cuenta.
Fuentes y método
Las equivalencias usan 8.760 horas por año. El cálculo energético parte de catorce sistemas completos más una fracción equivalente, a 10,2 kW máximos por cada ocho H100, según la ficha DGX H100. Es una estimación a potencia máxima del equipo informático, no una medición de consumo ni del centro completo. El precio usa la tarifa pública de AWS Capacity Blocks para H100 en Londres consultada el 13 de julio de 2026. La escala de acceso y las reglas de propiedad proceden de EuroHPC. Los datos mundiales de energía proceden de Energy and AI de la AIE. El reparto anual es deliberadamente hipotético: sirve para exponer un procedimiento y no describe una infraestructura existente.